Como es de conocimiento de todos, a principios de noviembre el presidente de la República, Guillermo Lasso, asistió a la vigésima sexta sesión de la Conferencia de las Partes sobre Cambio Climático de las Naciones Unidas (COP-26), reunida en Glasgow, Escocia, y anunció la creación de una nueva zona de reserva o protección de 60.000 km2 en la Zona Económica Exclusiva (ZEE) insular en Galápagos. Este anuncio, que sorprendió a muchos, en realidad fue consecuencia de un largo proceso que empezó hace casi dos años, a raíz de la presencia masiva de flotas extranjeras al borde de nuestra ZEE.
Luego de más de un año de conversaciones entre gremios del sector pesquero con colectivos ambientalistas y funcionarios del Gobierno (pasado y actual) sobre la propuesta de crear una nueva área de protección alrededor de la actual Reserva Marina de Galápagos (RMG), se llegó finalmente a un acuerdo equilibrado que consiste en la creación de un área protegida de 30.000 km2 de corredor sobre la cordillera subacuática del Coco, entre la zona norte del archipiélago de Galápagos y la isla del Coco, y otra zona de 30.000 km2 adicionales, que comprende dos franjas de 8.000 km2 cada una al este y al oeste de la zona antes referida, más un área de 14.000 km2, consistente en una franja de aproximadamente entre 7 y 8 millas de ancho, que partiendo del referido corredor hacia el oeste y luego al sur llega hasta la latitud cero. (Ver portada)
Estas nuevas zonas protegidas dentro del esquema de ordenamiento pesquero de 60.000 km2, más la actual reserva marina de Galápagos de 133.000 km2 y las otras zonas de reserva en la ZEE continental llevan al Ecuador a una cifra cercana a los 200.000 km2 de áreas marinas para la conservación y uso sostenible de los ecosistemas, una extensión que proporcionalmente va mucho más allá de lo que la mayoría de los países del primer mundo o grandes países en desarrollo como la India y la China están dispuestos a asumir.
El país espera reciprocidad de países desarrollados, que tienen frecuentemente dobles discursos, y de algunas ONG internacionales cuyo objetivo es una conservación sin una claridad científica de lo que buscan realmente proteger y que a veces dan la impresión de obedecer a intereses económicos no muy transparentes. La creación de esta nueva área representa un sacrificio para el sector pesquero del Ecuador, sin embargo, con ella ratifica el compromiso con la sostenibilidad que tradicionalmente nos caracteriza.
Quedamos a la espera de que el Gobierno nacional establezca los mecanismos más idóneos para la eficaz implementación de esta decisión, adopte estrategias de conservación basada en investigación científica seria y desarrolle sistemas de control modernos y eficientes para las nuevas áreas por parte de las autoridades naval, pesquera y ambiental.
