Si bien es cierto que el Gobierno está comprometido con los organismos financieros internacionales a revisar el tamaño y la eficiencia del Estado, por lo que reducir estructuras, eliminar duplicidades y optimizar los recursos aparentan ser objetivos legítimos, existen diferencias entre racionalizar la administración pública y debilitar capacidades que ha tomado décadas construir.
La posible reorganización de las competencias de pesca y acuicultura dentro de una nueva megafusión de ministerios merece justamente esa reflexión.
La pesca y la acuicultura no son un sector más dentro de la economía ecuatoriana. Constituyen uno de los pilares de las exportaciones no petroleras, generan cientos de miles de empleos, aportan miles de millones de dólares en divisas y posicionan al Ecuador entre los principales actores mundiales en la producción de atún y camarón. Su éxito no es casualidad, su éxito ha sido posible gracias al esfuerzo empresarial de más de medio siglo, y apoyado en parte al desarrollo de una institucionalidad técnica, insuficiente quizás, pero capaz de responder a las exigencias de los mercados internacionales.
Quienes observan el sector desde fuera podrían pensar que administrar la pesca consiste únicamente en otorgar permisos o controlar embarcaciones. La realidad es mucho más compleja. La autoridad pesquera mantiene relaciones permanentes con organismos internacionales, administra compromisos derivados de convenios multilaterales, garantiza el cumplimiento de estrictas normas sanitarias, emite certificaciones indispensables para exportar, respondiendo con eficacia a los requerimientos de los principales socios comerciales del Ecuador. Nada de eso admite improvisación.
La experiencia ya dejó una lección que no debería repetirse. Cuando la autoridad pesquera perdió autonomía pasando del Ministerio de la Producción al Ministerio de Agricultura, dentro de una estructura ministerial más amplia, aparecieron retrasos en la emisión de certificados sanitarios y de captura, dificultades administrativas que han derivado en el entorpecimiento de las exportaciones a los mercados más sensibles como el europeo. No han sido simples inconvenientes burocráticos, fueron señales de cómo una decisión administrativa puede afectar directamente la competitividad del país.
El riesgo no consiste únicamente en cambiar un organigrama. El verdadero riesgo es diluir la especialización técnica dentro de grandes estructuras, donde inevitablemente competirán múltiples prioridades. La expedición del Decreto Ejecutivo 425 que dispone la nueva fusión del MAGP, el MPCEI y el Ministerio de Economía y Finanzas, muy probablemente agudizará los problemas que ya produjo la anterior absorción del Viceministerio de Acuacultura y Pesca por parte del MAGP. Cada decisión implica cambios de autoridades, que conllevan procesos de aprendizaje que los paga el sector productivo.
Mientras otros sectores pueden soportar procesos administrativos más lentos, la pesca opera bajo calendarios biológicos, cumplimientos estrictos de exigencias comerciales de nuestros principales mercados y compromisos internacionales pesqueros que exigen respuestas inmediatas. Cada retraso, como el levantamiento ya tardío de la “tarjeta amarilla” de la Unión Europea, se traduce en pérdidas económicas, incertidumbre para los exportadores y oportunidades que son aprovechadas por países competidores.
El Ecuador necesita un Estado más eficiente, sin duda. Pero también necesita un Estado inteligente. Y un Estado inteligente sabe distinguir entre el gasto que debe reducirse y las capacidades que deben preservarse.
La institucionalidad pesquera pertenece a este segundo grupo. No representa un privilegio burocrático, constituye un activo estratégico del país. Debilitarla sería una economía aparente cuyo costo terminarían pagando las exportaciones, el empleo, la inversión y la credibilidad internacional del Ecuador.
Hay reformas que generan ahorros. Otras, en cambio, pueden terminar costando mucho más de lo que prometen ahorrar. Lo barato sale caro. Aún hay tiempo para rectificar.
