Como sector pesquero expresamos gran preocupación e incertidumbre, respecto a la pretensión de ampliación de la Reserva Marina de Galápagos (RMG), la cual se está tratando en la Asamblea Nacional, sin que se haya cumplido el debido proceso participativo al no haberse convocado a todos los actores involucrados, como es el caso del sector pesquero que puede verse afectado con una decisión de esta naturaleza, para que podamos expresar nuestros puntos de vista.
La RMG, creada en 1998 con la expedición de la Ley de Régimen Especial para la Conservación y Desarrollo Sustentable de la Provincia de Galápagos, comprenden 133 mil kilómetros cuadrados, siendo la segunda más grande en el mundo después de la Antártida. Importante es mencionar que cuando se estableció la actual área de reserva se realizó sin estudio técnico alguno basada en el principio precautelatorio, sin considerar el proceso participativo que implica un área de jurisdicciones y usos variados.
El área de reserva actual tiene una extensión de 40 millas contenidas dentro de las 200 millas de zona económica exclusiva (ZEE) correspondientes al territorio nacional insular. Es decir, adyacente a la RMG se encuentran 160 millas náuticas de zona económica exclusiva del Ecuador, área de jurisdicción nacional en la cual no debería ingresar ninguna embarcación extranjera a realizar faenas de pesca u otra actividad económica, a excepción de la libertad de navegación facultada por el derecho internacional.
La flota pesquera industrial ecuatoriana desde la creación de la reserva marina de Galápagos, realiza sus actividades fuera de ella, ya que es prohibido y considerado como infracción pesquera muy grave dentro de la legislación nacional, así como delito ambiental la captura de especies protegidas y peor aún aquellas en peligro de extinción o de prohibida comercialización de conformidad con los acuerdos internacionales, como la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, Convenio de Biodiversidad Biológica (CITES), o a las listas de UICN. Las actividades de pesca dentro de la RMG están solo autorizadas a la pesca artesanal de Galápagos.
Por otro lado, la pesca de aguas distantes de flotas asiáticas, en las denominadas por algunos países la milla 201 (al borde de la ZEE), preocupa no solo a Ecuador sino a diferentes países de la región y a la comunidad internacional, por lo depredadora y hasta presunta actividad ilegal asociada a esta flota extranjera. Si por efectos de mala comprensión se produjo un error en el mensaje y a lo que se referían las autoridades ecuatorianas era a la preocupación de que los barcos asiáticos estaban en las inmediaciones de Galápagos, es decir en la milla 201, la ampliación de la reserva bajo dicho justificativo no tendría sustento. Lo procedente es que el Gobierno del Ecuador haga respetar los derechos soberanos de todos los ecuatorianos sobre las 200 millas náuticas asociadas tanto al territorio continental como del territorio insular para evitar que la pesca ilegal de flotas extranjeras atente contra la riqueza ictiológica del país, la cual debe ser solamente para los ecuatorianos.
Las expresiones de una posible ampliación de la RMG, carecen de todo soporte científico, y sobre todo no considera la afectación hacia otras actividades económicas como la pesca, que en el continente genera más de 100 mil plazas de trabajo y US$ 1.600 millones en divisas de exportación que sostienen nuestra economía dolarizada.
Es importante mencionar que Ecuador forma parte del Organismo Regional de Ordenamiento Pesquero del Pacífico Oriental, que es la Comisión Inter-Americana del Atún Tropical (CIAT), de la cual la flota pesquera ecuatoriana cumple todas y cada una de las medidas de ordenamiento que emanan de ella.
La mentada propuesta debe conllevar un análisis científico y participativo del más alto nivel, sobre la base de un enfoque ecosistémico, considerando entre otros el conocimiento de la oceanografía física, biológica, química, movimiento/difusión de energía en los distintos niveles tróficos, aparte del conocimiento detallado o por lo menos básico de las especies marinas que se quieren proteger, la interacción con el hombre y su ambiente, así como las mencionadas consideraciones sociales, económicas y culturales con una medida de esta naturaleza.
Las medidas de conservación no pueden desconocer las realidades socioeconómicas de los actores de las distintas actividades, si bien la Naturaleza es sujeto a derechos por nuestra Constitución, es imprescindible considerar que el desarrollo sostenible establece al ser humano como centro y sujeto primordial del desarrollo.
El incremento de la reserva en una declaratoria escrita, no la hará la mejor área protegida ni aumentará su nivel de protección, si el Gobierno no demuestra capacidad efectiva de controlar y precautelar la biodiversidad en el mar jurisdiccional de todos los ecuatorianos, presentes no solamente en la actual RMG sino en todo el territorio marítimo nacional.
Importante es mencionar, que el “Plan de desarrollo sustentable y ordenamiento territorial del Régimen Especial de Galápagos 2015-2020”[1], muestra cómo, recursos nativos como, bacalao, camotillo, pepino de mar, bajo la administración y control de las autoridades que protegen la RMG se encuentran en estado de sobreexplotación pese a que es capturada por la pesca artesanal de Galápagos y actualmente se discuten proyectos para reorientar su esfuerzo pesquero hacia las poblaciones de túnidos.[2]
Adicionalmente, en el diagnóstico y análisis biofísico para la evaluación y formulación de escenarios del desarrollo en el Archipiélago de Galápagos, realizado por SENPLANDES y el IAEN en 2014, que sirvió de base para la elaboración del Plan de Desarrollo Sustentable de y Ordenamiento Territorial del Régimen Especial de Galápagos 2015-2020, se identificó como problemas de las islas los siguientes:
- Crecimiento acelerado de la población.
- La expansión y dispersión urbana.
- El crecimiento de la población de especies invasoras.
- La mala utilización del territorio según aptitudes biofísicas
- La deficiencia en los servicios públicos.
- La dependencia energética y alimentaria del continente.
- Los altos niveles de la informalidad económica, especialmente en la oferta turística
- La baja calidad de los servicios turísticos.
- La absorción de los subsidios por parte de las actividades turísticas
Es evidente que la solución no es incrementar la RMG y aniquilar la actividad pesquera del Ecuador, específicamente la atunera, uno de los pilares de la economía; la solución es hacer cumplir las 40 millas con una base legal sólida con un sistema sancionador disuasivo, tal como el que se discute en la nueva Ley de Pesca que se tramita en la Asamblea Nacional, con instituciones de control fuertes, con herramientas tecnológicas hoy en día existentes en el mundo, con profesionales calificados y una Armada Nacional dotada con suficiente presupuesto, herramientas de control y logística adecuadas.
Adicionalmente, aplicar los protocolos de inspección tanto en zonas de jurisdicción nacional como fuera de ella, establecidos el Acuerdo de aplicación de las disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho de Mar relativo a la conservación y ordenación de la población de peces transzonales y altamente migratorias, del cual el Ecuador es parte, así también de protocolos de notificación a los países de bandera y a las Organizaciones Regionales de Ordenamientos Pesquero.
La pretensión de ampliación debe llevar a un análisis crítico de la capacidad técnica y económica para monitorear un espacio marítimo tan grande. Si en la actualidad, aun con los esfuerzos se evidencia grandes deficiencias en lo técnico y económico para un control adecuado y eficiente capacidad de manejo, una nueva ampliación será una declaratoria utópica y propagandística que únicamente terminará impactando a un sector productivo clave para la economía nacional.
[1] https://www.gobiernogalapagos.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2017/04/Plan-Galapagos-2015-2020_12.pdf
[2] https://www.elcomercio.com/tendencias/iniciativa-pesca-atun-galapagos-fcd.html
