Se aproxima una fecha clave en el proceso para salir de la incómoda situación en la que se encuentra el Ecuador, surgida en octubre de 2019, en la cual la Dirección de Asuntos Marítimos y Pesquerías (DG-Mare) de la Unión Europea (UE), nos notificó sobre la posibilidad de ser considerado como tercer país no cooperante en la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR).
Esta notificación, denominada comúnmente como “tarjeta amarilla” está por cumplir 5 años, que es un tiempo más o menos estándar que les ha tomado a otros países cumplir todas las exigencias de la UE. La fecha clave es el 1 de septiembre, en la que la autoridad pesquera debe remitir un informe de progresos (progress report) en el que se debe actualizar información sobre pocos puntos pendientes. Una vez analizado dicho reporte, la DG-Mare deberá decidir si es necesaria una visita de auditoría adicional, o si en su defecto nos levantan la tarjeta amarilla.
Conocemos de cerca todo el esfuerzo que ha puesto el Gobierno Nacional y particularmente la Autoridad Pesquera en diversas acciones que empezaron por el cambio de la legislación que requirió un consenso legislativo, como lo es la nueva Ley Orgánica de Pesca y la expedición del nuevo reglamento general que de igual forma necesitó una aprobación de la Presidencia de la República.
Posteriormente se ha aprobado y reformado integralmente la respectiva normativa secundaria, arrojando como consecuencia de todos los esfuerzos antes mencionados una de las normativas y ordenamientos pesqueros más modernos del mundo.
De igual forma, los esfuerzos económicos realizados por el país en un momento muy deprimido, son sumamente loables. La reestructuración de las direcciones de pesca industrial, de control pesquero, el robustecimiento de los cuadros de inspectores, la creación de un Sistema Integrado de Acuacultura y Pesca (SIAP) aún no terminado, pero ampliamente desarrollado, ha permitido subsanar deficiencias en trazabilidad.
El reforzamiento, como se mencionó previamente, no ha venido solamente desde la Autoridad Pesquera, sino que además ha estado involucrada la Armada del Ecuador a través de la Dirección Nacional de Espacios Acuáticos (DIRNEA), el Servicio Nacional de Aduanas (SENAE) y otras entidades públicas en sus respectivas competencias.
Finalmente y no menos importante, el sector privado, ha apoyado desde el principio en la construcción un nuevo Ecuador pesquero, en el que nos convirtamos en un líder y ejemplo en la lucha contra la pesca INDNR, en el que se puedan reflejar otros países de la región y del mundo.
Esperamos con ansia las próximas semanas, en la que podamos finalmente celebrar la esperada salida de la tarjeta amarilla, pues estamos seguros de que nuestro país goza hoy de una gobernanza pesquera del más alto nivel a nivel global.
