La competitividad de las empresas está basada en diversos elementos que les permiten producir y vender bienes al mismo precio o precios más bajos que los de la competencia, dejándoles un razonable margen de utilidad que permita que la actividad productiva sea económicamente sostenible.
Ecuador ha perdido competitividad desde hace muchos años por diversos motivos. La dolarización, por un lado, nos dio una estabilidad envidiable a la economía, poniéndole una camisa de fuerza a la inflación, pero las reformas nece-sarias para fortalecer este cambio estructural en nuestra economía quedaron pendientes, restando sistemáticamente competitividad a la industria nacional, respecto a países vecinos y de fuera de la región, que tienen la posibilidad de manejar su política cambiara a discreción para ayudar a la producción de su industria nacional a hacer frente a shocks externos.
Entre las cosas que quedaron pendientes está la reforma laboral. En Ecuador los costos de la mano de obra son considerablemente más altos que los de la mayoría de nuestros competidores en los países en vías de desarrollo, así como la menor flexibilidad en los esquemas de contratación y los costos salariales y no salariales asociados.
Los precios de los servicios básicos como luz y agua potable, los impuestos, aranceles, tasas, los costos de financiamiento, el exceso de tramitología y burocracia, etc., también forman parte importante de los costos que afectan la competitividad. Pero no ha sido sino hasta pocos años, y más recientemente con mucha más intensidad, en que la seguridad ha pasado a ser un elemento importante que afecta duramente la competitividad.
En lo que tiene que ver con la pesca, y en sentido más amplio en la pesca y la acuicultura, está llegando a tener efectos graves, pues es un rubro que simplemente no existe en países competidores. Asaltos permanentes a la flota pesquera y granjas camaroneras, en el mar, en esteros, ríos y en zonas de producción, así como en caminos vecinales y carreteras, han hecho que los costos de seguridad en estos sectores bordeen los $ 150 millones anuales, imponiendo una carga demasiado pesada de llevar. Además, está empezando a afectar la mano de obra, pues ya se han empezado a ver casos de empleados y trabajadores que prefieren renunciar a sus trabajos, pues no están dispuestos a arriesgar sus vidas para trasladarse a sus zonas de trabajo.
El tema seguridad debe ser ubicado desde todas las esferas del Estado (Gobierno, Asamblea Nacional y Poder Judicial) como el tema central prioritario desde el que se desprenden todos los problemas del Ecuador. Desde el Gobierno central deben darse las directrices necesarias a todos los ministerios para tener como prioridad la seguridad, y desde ese enfoque ir resolviendo otros temas sociales, de educación y, por supuesto, de competitividad, antes de que se convierta en un problema irreversible que destruya la producción nacional y la economía.
