El año que terminó va a ser recordado por mucho tiempo como uno de los peores en muchos aspectos, principalmente desde el punto de vista sanitario, con todos sus efectos devastadores en términos de pérdidas de vida, descalabro económico, quiebra de negocios y desaparición de miles de plazas de trabajo.
El sector pesquero fue hasta cierto punto una excepción, ya que salvo la fuerte disminución de su producción durante los meses de marzo y abril, posteriormente se fue regularizando y adaptándose a las nuevas circunstancias. El sector pesquero fue uno de los pocos que no redujo sus fuentes de empleo, más bien tuvo que contratar más personal para suplir las au-sencias obligadas de trabajadores contagiados del COVID-19 o trabajadores que no querían ir a laborar por temor a enfermarse.
El año terminó con un incremento del 5 % en volumen en exportaciones y una reducción del 1,5 % en valor. Pero hubo ‘otra pandemia’ que afectó a la pesca y que vino por el lado de grupos ambientalistas extremos que queriendo ‘pescar’ a río revuelto, aprovechando la coyuntura de la periódica llegada de la flota asiática a pescar calamar gigante cerca de nuestra Zona Económica Exclusiva (ZEE), empezaron una intensa campaña a nivel nacional e internacional para proponer el aumento de la reserva marina de Galápagos (RMG) de las 40 millas exis-tentes, primero hasta 80 millas, después a 120 y más tarde hasta el límite de las 200 millas de ZEE, incluyendo una campaña de desprestigio del pescador ecuatoriano.
Este grupo hace pocas semanas apareció con una novedosa propuesta de ‘canje de deuda’ de bonos 2030 de $ 1.000 millones. En esta propuesta aparece un supuesto beneficio total para el Estado de $ 120 millones; a cambio, el Gobierno nada más y nada menos debe entregarles casi toda la ZEE, convirtiéndola en una nueva reserva marina que prohíba toda actividad pesquera.
De nuestro análisis se demuestra un perjuicio global para el sector pesquero de más de $ 378 millones anuales. El sector pesquero pierde, los ecuatorianos pierden, el Estado pierde, entonces ¿quién gana?. No se sorprendan si se llegase a concretar este singular negocio, que se convierta en un escándalo más. Y si no se concreta veremos con qué otra ‘novedad’ se aparecen los ingeniosos seudoambientalistas que sin ningún sustento pretenden arrebatarle al Estado y a los ecuatorianos la riqueza ictiológica, cerrando áreas de hasta el 70 % de la ZEE en la región, de la que viven decenas de miles de familias. De esta ‘otra pandemia’, si no tenemos un próximo gobierno que la pare, se corre el riesgo de que el país pierda su derecho soberano de aprovechar sosteniblemente sus recursos para impulsar su desarrollo socioeconómico.
Abg. Rafael Trujillo B.
DIRECTOR EJECUTIVO DE LA CÁMARA NACIONAL DE PESQUERÍA
