Del 19 al 30 de agosto del 2019 se está desarrollando en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York el tercer ciclo de la ‘Conferencia para establecer un acuerdo jurídicamente vinculante en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar)’, relativo a la conservación y uso sostenible de la biodiversidad biólogica marina en zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional, conocida como BBNJ (por sus siglas en inglés).
Este rimbombante título, que sonaba inofensivo y que supuestamente solo afectaría recursos genéticos, minería, etc., desde que circuló el primer borrador puso en evidencia lo que se sospechaba … que pretende invadir competencias de la pesca, procurando supremacía sobre las Organizaciones Regionales de Ordenación Pesquera (OROP).
El proceso, que empezó a planificarse desde hace algunos años, ha sido y está dominado por poderosas ONG internacionales, que han conquistado posiciones en las cancillerías de muchos países del mundo y que simplemente quieren aumentar su poder en el control, administración, uso y explotación de los océanos y los recursos marítimos, incluyendo los pesqueros. Pero no lo hicieron de una manera frontal, es recién con la aparición del primer borrador cuando aparecen sus veladas intenciones.
El Ecuador acude a esta cita con la clara consigna de defender sus intereses pesqueros en la altamar, que no necesariamente coinciden con los de otros países latinoamericanos con los que tradicionalmente se asocia en asuntos ambientales.
Según resoluciones de las Naciones Unidas este nuevo instrumento debe identificar los vacíos de la Convemar referidos a los recursos marinos genéticos, excluyendo las actividades que ya están reguladas como la pesca de altamar, transporte marítimo y minería. Sin embargo, el primer borrador invade claramente espacios ya establecidos por organismos internacionales, regionales y subregionales.
El Ecuador arrancó esta reunión desmarcándose del grupo latinoamericano, dentro del cual muchos defienden intereses conservacionistas puros y no el uso sostenible de los recursos que sostienen sus economías.
Una mala negociación de este acuerdo podría traer consecuencias muy graves para el sector pesquero ecuatoriano, considerando que nuestra flota, principalmente la atunera, trabaja de manera fundamental en áreas más allá de la jurisdicción nacional, lo que no acontece con otras flotas de la región u otras como las de los países isleños del Pacífico central y occidental, que desarrollan su actividad principalmente en las aguas jurisdiccionales.
El sector pesquero del Ecuador ha enfatizado ante la Cancillería la importancia de sostener su posición bajo los siguientes elementos:
El respeto a las OROP y sus competencias.
La exclusión explícita de la actividad pesquera.
Confiamos y acompañamos la gestión de la Cancillería ecuatoriana en estas negociaciones de las que depende un sector que es pilar de una economía dolarizada que aporta al Estado con $ 1.500 millones en exportaciones y 50.000 plazas de trabajo.
Ab. RAFAEL TRUJILLO,
Director Ejecutivo de la Cámara Nacional de Pesquería
