En la nueva coyuntura del sector pesquero se perfila un escenario en el que no se vislumbra una política estatal de fomento robusta en el corto plazo. Las urgencias fiscales, la agenda de seguridad y las presiones inmediatas han desplazado del centro del debate a la competitividad de largo plazo de los sectores reales de la economía que generan empleo pleno y divisas, entre ellos la pesca.
El precio diferenciado del diésel, que era el único factor de compensación frente a nuestra competencia externa y que ayudaba a equilibrar las desventajas de costos internos, fue eliminado sin una estrategia escalonada y clara que permita mitigar el duro golpe en los costos de operación. Ahora el sector paga un combustible incluso más caro que en otros países de la región, a lo que se suma la carga de altos costos de producción, mayores impuestos, eliminación de beneficios tributarios y los costos crecientes que ocasiona la inseguridad.
El sector se encuentra en un periodo en el que el margen de maniobra está limitada a la gestión interna: gobernanza corporativa, decisiones de inversión basadas en datos, gestión de riesgos, diversificación de productos y mercados, decisiones de pesca basadas en información sobre condiciones oceanográficas y su impacto en los recursos, tecnificación de pescadores y capitanes, certificaciones de sostenibilidad y cumplimiento riguroso de estándares laborales y ambientales.
En resumen, se trata de apuntar a reducir ineficiencias, mejorar procesos, optimizar estructuras de costos, repensar modelos del negocio y fortalecer la propuesta de valor frente a mercados cada vez más exigentes.
Hay competencias del Estado que son indelegables y que ninguna empresa, por más eficiente que sea, puede sustituir la lucha contra la pesca ilegal, la garantía de seguridad ciudadana, el aseguramiento del acceso a los mercados y la generación de conocimiento científico para la correcta gestión de los stocks pesqueros, área esta última en la que, a diferencia de nuestra competencia, la presencia del Estado es escasa por la falta de recursos económicos.
Combatir con decisión la pesca ilegal y recuperar la seguridad en el mar y en los puertos en subsectores como el de pequeños pelágicos y pomadero es urgente, porque la presencia de operadores al margen de la ley, el incremento de asaltos y extorsiones erosionan la rentabilidad, distorsionan precios, generan sobrepesca, encarecen las operaciones y lesionan la reputación del sector en el mercado externo. A eso agréguese la necesidad de ampliar el acceso a mercados y garantizar los existentes, respondiendo a los cada vez más exigentes requisitos de sostenibilidad.
Si hoy las restricciones fiscales impiden sostener una política de fomento productivo amplia, el mínimo indispensable es que el Estado concentre y potencie su capacidad en lo esencial: lucha contra la pesca ilegal, la seguridad, el acceso a mercados y la investigación científica. Solo así, combinando productividad interna y un Estado comprometido en sus funciones más esenciales e indelegables, la pesca ecuatoriana podrá subsistir en un entorno global cada vez más complejo, competitivo y exigente.
ABG. RAFAEL TRUJILLO
Director Ejecutivo, CNP
