La entrada en vigor del Acuerdo sobre la Conservación y Uso Sostenible de la Biodiversidad Marina más allá de la Jurisdicción Nacional (BBNJ, por sus siglas en inglés), adoptado dentro del marco de la Naciones Unidas en el año 2023, marcará un hito en la futura gobernanza de los océanos.
Para el sector pesquero —industrial y artesanal de altura— este nuevo escenario normativo plantea interrogantes legítimos y criterios de preocupación que deben ser atendidos en la etapa previa a la primera Conferencia de las Partes (COP).
Actualmente nos encontramos en fase PreCOP, con dos sesiones preparatorias ya celebradas y una tercera convocada para fines de marzo de 2026, etapa crucial para definir reglas operativas, mecanismos financieros e interacciones institucionales.
Uno de los principales puntos de inquietud radica en la posible superposición de competencias entre el BBNJ y las Organizaciones Regionales de Ordenación Pesquera (OROP). Estas entidades han sido, por décadas, al amparo de la CONVEMAR y del Acuerdo de Nueva York (UNFSA) el pilar técnico y científico para la gestión sostenible de especies altamente migratorias y transzonales. El sector teme que nuevas áreas marinas protegidas (AMP) en alta mar, establecidas bajo el BBNJ, puedan generar restricciones adicionales sin la debida coordinación con las OROP, afectando la seguridad jurídica, las actividades de la pesca y la economía de los países que dependen de ella, como Ecuador.
Aunque el objetivo de conservar la biodiversidad es compartido, existe incertidumbre sobre los criterios científicos, los estándares de evaluación y los mecanismos de consulta que se aplicarán. La industria pesquera necesita garantías de que las decisiones se basarán en evidencia sólida, análisis de impacto socioeconómico y procesos participativos transparentes.
Por otro lado, el capítulo de evaluaciones de impacto ambiental (EIA) despierta dudas operativas. Si bien el principio precautorio es fundamental, el sector teme que procedimientos excesivamente complejos o duplicativos generen retrasos, costos adicionales y cargas administrativas desproporcionadas, especialmente para países en desarrollo cuya flota depende de la pesca en alta mar para su seguridad alimentaria y generación de decenas de miles de plazas de empleo y divisas.
En esta fase PreCOP, resulta esencial que los Estados Parte promuevan claridad normativa, coherencia institucional y participación activa del sector pesquero. La tercera sesión preparatoria prevista para fines de marzo de 2026 será determinante para definir reglas de procedimiento, estructuras del secretariado y modalidades de cooperación con organismos existentes. Una implementación equilibrada debe evitar duplicidades, reconocer y respetar las competencias de las OROPs, garantizar la conservación y el uso sostenible de los recursos.
El gran desafío consiste en consolidar un marco internacional armónico que proteja la biodiversidad marina sin debilitar a los sectores que, bajo esquemas de manejo responsable, contribuyen a la seguridad alimentaria global y al desarrollo económico de nuestros países.
El diálogo, la transparencia y la coordinación interinstitucional entre la Cancillería, el Ministerio de Ambiente, el MAGP, la Armada del Ecuador y el sector privado pesquero serán claves para que el BBNJ se convierta en una herramienta de gobernanza complementaria y no en una fuente de incertidumbre y amenaza para el sector pesquero.
Abg. Rafael Trujillo B.
DIRECTOR EJECUTIVO
