La industria del atún en la actualidad representa un total 42 billones de dólares. Tomadas en conjunto, las siete especies de atún más importantes comercialmente han generado $ 12 mil millones (£ 8 mil millones) para los pescadores en 2014, mientras que el valor total, incluido el importe total pagado por el consumidor final en los supermercados y restaurantes de todo el mundo, se estimó en $ 42bn (£ 29bn). Es una fuente de riquezas importante para muchos países, además de un sector importante del consumo proteico de la humanidad. Por eso hacerla sustentable se ha convertido en una prioridad para estados y empresas.

«No es ningún secreto que el atún es un gran negocio», dijo Amanda Nickson, directora de Global Tuna Conservation. «Ahora, por primera vez, somos capaces de poner un precio real a lo que está en juego en la lucha por la conservación y la gestión sostenible de éstos en el mercado, así como su importancia ecológica.»

 «Existen dos formas a través de las cuales veremos un cambio en la cadena de suministro», dijo Nickson. «Ya sea un proceso de regulación diciendo que sólo se puede pescar una cantidad determinada, obligando a la industria a adaptarse a eso, o a través de la presión del mercado de minoristas diciendo que no queremos comprar a una empresa o país que no pueda demostrar la sostenibilidad de sus procesos para las poblaciones de atún. Los consumidores deben ser capaces de comprar el atún y no tener que preocuparse de dónde proviene. Corresponde a los minoristas y procesadores gestionar mejor las existencias«.
Pilar Proaño, viceministra de Acuacultura y Pesca de Ecuador, ha destacado en distintas reuniones la importancia que tiene para Ecuador colocar sus productos de pescado, de excelente calidad, con la legalidad y la sostenibilidad de los recursos.

En este sentido, ha hecho hincapié en que los países como los EE.UU. y el mercado de la UE establecieron una prohibición de productos que no tienen la respectiva declaración de pesca y provienen de una práctica ilegal, una tendencia internacional general, debido a las flotas que operan globalmente de forma indiscriminada.

«Ecuador es un país que coopera para desalentar la pesca ilegal, y cumple con las normas nacionales e internacionales. Aquí no hay pesca ilegal ni sobrepesca», dijo Proaño.

Para evitar la pesca ilegal, Ecuador aplica una certificación de la trazabilidad permanente, donde se verifican los desembarques de pesca y guías de movilización, en una verificación cruzada. «Tenemos un proceso detallado para asegurar que la pesca fue autorizada y legalizada», destacó.

La viceministra también destacó que Ecuador cumple con las regulaciones establecidas por la FAO que tratan de desalentar la actividad que no respeta el debido proceso. Además, el país ha adoptado voluntariamente la entrega del Plan Nacional de Acción.