Por: Econ. Jimmy Anastacio Solis. Cámara Nacional de Pesquería
janastacio86@gmail.com
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El acceso libre de aranceles vía los sistemas generalizados de preferencias en mercados como la Unión Europea y los Estados Unidos jugaron un importante rol en el crecimiento de la industria pesquera desde la década de los 90s. Una mayor integración vía acuerdos comerciales con estos mercados siempre ha sido estratégica, considerando que son los centros de consumo más importantes de productos pesqueros en el mundo y principales destinos de las exportaciones del Ecuador. Enhorabuena, la firma del acuerdo comercial con la UE permitió no perder lo logrado por el sector exportador en este mercado, mientras que las negociaciones comerciales con los Estados Unidos son todavía asunto pendiente.
Los desafíos para el sector se profundizan a medida que el comercio global se liberaliza. Las barreras arancelarias se continúan aplanando e importantes competidores también logran beneficios de acceso. La competencia de bajo costo de grandes productores asiáticos siempre ha resultado una amenaza considerando el encarecimiento relativo de factores de producción en el Ecuador en la última década.
Un dólar fortalecido, crecientes costos, cargas administrativas y tributarias, entre otros, han potenciado el reto de competitividad en el mercado internacional, aún más en periodos de precios bajos. La Figura 1 resume la dinámica agregada de ingresos y costos de 14 actividades económicas relacionadas al sector pesquero, los valores fueron indexados respecto al año 2012 (considerando la coyuntura económica externa) como base para comparar su evolución:
- En el año 2014, las ventas fueron 10% mayores a lo registrado en el 2012, sin embargo, los costos fueron 13% superiores.
- En 2015, cuando se agudizó la crisis, las ventas fueron 7% menores a lo registrado en 2012, no obstante, los costos y gastos de las empresas apenas fueron 0,6% inferiores.
- En el 2016, el nivel de ventas se ubicó 1,5% por debajo del nivel alcanzado en el 2012, sin embargo, los costos fueron 3% superiores. En el 2016, se realizaron mayores ajustes estratégicos de costos y gastos por parte de las empresas para enfrentar la difícil coyuntura, y también hubo leves recuperaciones en precios, sin embargo, es evidente que el sector opera con ventas inferiores a lo alcanzado hace 5 años, pero con costos superiores, ratificando la importancia de debatir sobre competitividad.
Figura 1. Dinámica agregada de ingresos y costos de actividades económicas vinculadas al sector pesquero.
Año Base 2012=100. Elaborado en base a datos del SRI, consultados al 09 de junio de 2017
Si analizamos los márgenes de una de las principales actividades económicas del sector “Preparación y conservación de pescado, crustáceos (excepto camarón y langostinos) y otros moluscos mediante el congelado, ultracongelado, secado, ahumado, salado, sumergido en salmuera y enlatado”, en el año 2015, la utilidad del ejercicio económico (utilidad contable antes del pago del 15% de participación a trabajadores y del impuesto a la renta) promedió el 2,4% del total de ventas, un margen 1,6 puntos inferior al registrado en el 2014 y 2,3 puntos menor a lo obtenido en 2012. Las cifras publicadas para el 2016, indican que el margen logró mantenerse en el 2,7%, es decir casi el mismo margen que en el 2015, lo cual evidencia los esfuerzos de las empresas por mantenerse sostenibles pese a las adversidades (ver Figura 2).
Figura 2. Margen de utilidad del ejercicio económico de actividad económica
“preparación y conservación de pescado, crustáceos (excepto camarón y langostinos)
y otros moluscos mediante el congelado, ultracongelado, secado, ahumado, salado, sumergido en salmuera y enlatado, etcétera.”
Elaborado en base a datos del SRI, consultados al 09 de junio de 2017
Dada la importancia del accionar gubernamental sobre la competitividad de la producción nacional, es imperativo la retroalimentación permanente entre sector público y privado. Los Gobiernos a través de sus decisiones de política tienen incidencia sobre cada uno de los factores competitivos de las industrias en una nación, por lo que deben generar el clima de negocios adecuado para fomentar el desarrollo de la innovación y estrategias de diferenciación que potencien los esfuerzos productivos de las empresas.
El actual gobierno se muestra decidido a sostener un diálogo directo con el sector privado, en la búsqueda de mejores condiciones para hacer empresa, hay gran expectativa de que el diálogo se concrete en acciones que dinamicen la economía, y no se diluyan en un entramado de intereses particulares e ideologías.
En el sector pesquero, sin duda se necesita igualmente de estabilidad global del clima de negocios y fomento de la producción exportadora, pero adicionalmente se requiere un profundo mejoramiento de la ordenación pesquera para combatir la pesca y producción ilegal, fortalecer la investigación pesquera para garantizar la sostenibilidad y mejorar la toma de decisiones. A continuación, se detallan algunos elementos, que a criterio del autor deben formar parte de la agenda pública-privada de fomento de la actividad económica del sector pesquero industrial que le ha generado a la economía un ingreso anual de divisas de $1500 millones en promedio (2013-2016).
Costos de factores de producción
El Estudio de Competitividad del Subsector Atunero Ecuatoriano, elaborado por el Ministerio de Comercio Exterior (Anastacio, Velasco, & Prieto, 2015) muestra que la brecha de competitividad con Tailandia, principal competidor, puede ser de al menos 30%, dado los menores costos, el nivel de escala, entre otros; que permitirían a la industria tailandesa competir y posicionarse en mercados en los que incluso enfrenta barreras arancelarias. En este contexto, cualquier incremento del costo de factores en el Ecuador implicará la profundización de los problemas de competitividad en el mercado internacional.
El que la conserva ecuatoriana haya sido desplazada por producción tailandesa, desde una participación de mercado del 83% en el 2012 al 26% en el 2016 en el mercado peruano, evidencia lo agresiva que es la producción asiática y la seriedad que amerita el debate sobre costos de producción en el Ecuador. En el mercado chileno, la situación frente a la competencia tailandesa es similar.
En este contexto, es preocupación que costo de factores de producción como la electricidad y combustibles se incrementen por encima de la realidad competitiva del contexto externo. Por citar un ejemplo, el sector podría generar un mayor desarrollo del sector de pescado congelado y aprovechar la dinámica internacional en torno a este tipo de productos, pero se enfrenta a un mayor costo de la electricidad que es fundamental en la operación, además de la falta de infraestructura de suministro energético en varias localidades pesqueras importantes del perfil costero.
El costo laboral también representa un desafío para la industria. El costo laboral unitario en la industria conservera creció 41% entre 2007 y 2015, mientras que la productividad promedio por trabajador decreció 16%. Se precisa una reforma laboral que contemple las circunstancias complejas de la estacionalidad de la pesca, siendo más flexible a las necesidades de las industrias y conservando los derechos de los trabajadores. Por otro lado, incrementar la productividad vía mayor tecnificación, agregación de valor y cualificación del recurso humano se asocia con mayor inversión y a una visión hacia procesos que conllevará mayores requerimientos cualitativos del empleo. Lo cual sobre todo requerirá de condiciones necesarias y equilibradas en el clima de negocio que fomenten la inversión en el incremento la productividad.
Tributos
La “volatilidad normativa” en cuestiones tributarias no contribuyen a dinamizar el sector productivo. Las salvaguardias, necesarias o no, tuvieron un efecto distorsionador sobre los precios de mercado, alterando las decisiones tanto de producción como de consumo. La adquisición de nueva maquinaria que pueda ayudar a hacer más eficiente un proceso o la incursión en una nueva línea de producción para diversificar el negocio, la reposición de tecnología obsoleta por otra más actualizada, o la simple reparación de una máquina o equipo, requiere de facilidades a las importaciones de bienes de capital. Al menos 144 subpartidas de bienes de capital utilizados por la industria pesquera estuvieron gravadas con sobretasas entre 15 y 40 por ciento por algo más de dos años.
Otros impuestos como el anticipo del Impuesto a la Renta y el Impuesto a la salida de divisas, terminan restando recursos, liquidez y son ajenos al fomento de la competitividad de las empresas. En el año 2016, se estima que cada $1 en tributo tiene un costo de oportunidad sobre la cadena de valor de US$3,76 en ventas que podrían generarse. Los ingresos servirían para pagar sueldos, cubrir costos de materiales, insumos, servicios básicos, pago de otros impuestos, cubrir márgenes de los distintos actores de la cadena, etc. que dinamizan la economía y sostienen el empleo. Sin duda, debe prevalecer el concepto de tributar impuesto a la renta sobre renta ganada al final de cada ejercicio fiscal.
Alto costo de reparaciones y mantenimiento de la flota pesquera demanda infraestructura local y plan de modernización
En el caso de la flota atunera, durante el 2015, el costo por día de pesca fue un 15% superior al del 2012 mientras que, en el 2016, se ubicó 7% por debajo respecto a ese mismo año. Es decir, con los precios en franca caída desde la segunda mitad del 2013, alcanzando niveles insostenibles en el año 2015, la flota ha realizado grandes ajustes de costos para compensar la caída e intentar recuperar el nivel de márgenes de operación cercanos al del año 2012, sacrificando importantes rubros como el de reparaciones y mantenimiento e incluso el avituallamiento en las faenas de pesca.
Sin embargo, sacrificar el rubro de reparaciones y mantenimiento no es una solución sostenible para una flota antigua. Hasta el año 2016, el 46% de la flota, equivalente a 53 barcos, se ubicaba en un rango entre 29 y 42 años, otro 33% registraba un rango de antigüedad entre 43 y 56 años, mientras que apenas 2% de los barcos tenían menos de 14 años de edad. En resumen, alrededor del 80% de los barcos y de la capacidad pesquera se encuentra en un rango de edad entre 30 y 50 años.[1] En condiciones normales, el costo de reparación y mantenimiento puede incluso superar el 20% del costo total de operación, un valor elevado considerando que la flota tiene que llevar sus embarcaciones fuera del país o contratar personal extranjero ante el déficit de este servicio en los astilleros locales (alrededor de 50% de déficit), sumado a los tributos que gravan la importación de repuestos. (Anastacio, 2017)
Ante el déficit de capacidad en los astilleros locales y de mano de obra calificada, los armadores industriales recurren a la contratación de servicios en Perú, Chile y Panamá principalmente. Los armadores manifiestan que llevar las embarcaciones a astilleros extranjeros (o contratar personal extranjero calificado) implica mayores tiempos, costos de combustible, de personal, viáticos, impuestos y tramitología que en conjunto se traducen en mayores gastos para la flota, además de la salida de divisas y la pérdida de potenciales puestos de trabajo en esta industria que a pesar de ser reconocida como estratégica no logra encaminar su desarrollo en el país. Con una flota industrial de más de 500 barcos, es prioritario el fomento de inversiones en infraestructura de astilleros para reparaciones y mantenimiento.
Por otro lado, renovar la flota es, a criterio del autor, uno de los mayores desafíos para mejorar la productividad y competitividad del sector. Sin embargo, el costo de renovación es elevado: la construcción de un barco atunero de cerco nuevo requiere una inversión de más de 30 millones de dólares (Ecuador Pesquero, 2014). La importante cuantía de la inversión implica que deberán existir las condiciones necesarias para emprenderla, entre ellas mayor estabilidad en el clima de negocios, infraestructura y una de las principales: adecuadas condiciones de financiamiento, con tasas de interés y periodos de pago que fomenten la renovación. Bruno Leone, presidente de la Cámara Nacional de Pesquería, propone la implementación de un modelo en el que la banca pública opere como banca de segundo piso en la colocación de fondos provenientes de la banca externa en un proyecto conjunto con astilleros europeos, con préstamos de bajo interés y a largo plazo (no mayor a la vida útil de la embarcación).
Investigación y ordenamiento pesquero bases para la sostenibilidad
La creciente conciencia mundial sobre la importancia del consumo de productos ambiental y socialmente sostenibles representa un desafío que enmarca la discusión sobre la necesidad de un ordenamiento pesquero de vasta base científica. Las ecoetiquetas están creando un incentivo de mercado en pro de la sostenibilidad. A nivel local se están haciendo destacables esfuerzos para que la pesquería del atún acceda a este tipo de etiquetados, mientras que la discusión en el subsector de pelágicos pequeños destinada a la harina y aceite de pescado ha iniciado un profundo debate. El país debe estar preparado para responder a las exigencias en los estándares de las ecoetiquetas, en cuestiones críticas como capacidad e institucionalidad de la investigación, cobertura del control, trazabilidad, conocimiento del estado de los stocks, entre otros que deben ser puestos de manera inmediata en la agenda público-privada.
Se debe fortalecer la investigación pesquera
Uno de los puntos críticos de frente a las certificaciones de pesca sostenible, y reiterada demanda de la industria al sistema de administración pesquero ecuatoriano, es la necesidad de mayor investigación y evaluación de los stocks pesqueros, más aún los de las pesquerías costeras. Por citar un ejemplo, (Ormaza, 2016) calcula una subestimación de al menos 190 mil toneladas en las estadísticas nacionales de captura de pelágicos pequeños en el Ecuador, esto sin duda es un llamado a la acción a la autoridad pesquera sobre la necesidad de cambios en el manejo pesquero.
En la pesquería del atún, si bien el ordenamiento responde a medidas supranacionales de las organizaciones de ordenamiento pesquero, particularmente de la Comisión Interamericana del Atún Tropical (CIAT), existe la necesidad de una institucionalidad fortalecida en lo científico, para poder participar con criterio propio en la discusión global sobre el estado de los recursos objetivos de la flota atunera, que fortalezca a una de las industrias de mayor trascendencia internacional del país.
La institucionalidad de la investigación pesquera en el Ecuador debe recuperarse, fortalecerse. El Instituto Nacional de Pesca y su capital humano disponible necesita ser potenciado mediante un mejor direccionamiento y el apoyo económico necesario para poder cubrir las demandas de investigación de la industria pesquera. Sector público, academia y empresas están llamados a la construcción de política y un modelo de gestión efectivo en materia de investigación como un objetivo nacional que dimensione el rol protagónico de los recursos marinos en la economía.
Lucha contra la pesca y producción ilegal
El control de las 200 millas marítimas y de los caladeros próximos a las Islas Galápagos son prioritarios, y en lo cual la industria también está dispuesta a colaborar junto con la autoridad de control.
Por otro lado, luego de casi diez años de disputa, el Estado no logró solucionar el problema de categorización de la pesca de red de cerco de pequeña escala. El limbo en el ordenamiento pesquero en el que se encuentra este segmento de la flota, así como el laxo control sobre otras pesquerías de pequeña y media escala, dificulta el control y combate contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, además de crear un escenario propenso a abusos y corrupción en los procesos de control pesquero.
En el procesamiento también existen zonas grises. Por ejemplo, las denominadas “pamperas” de harina de pescado son un problema de pérdida de trazabilidad e inocuidad que ha persistido durante años y las autoridades de control han hecho caso omiso a los llamados a la acción. La Autoridad debe realizar una revisión y saneamiento de industrias que no cumplan los estándares legales y de calidad dispuestos, lo cual además será una importante acción para combatir y desalentar la pesca ilegal.
Sin duda, el Estado deberá trabajar en fortalecer el ordenamiento e investigación de las pesquerías costeras y robustecer los mecanismos de trazabilidad de la pesca y también de los establecimientos procesadores, para potencializar una industria fuente de empleo y divisas. En este punto, la industria y armadores deberán apalancarse y estrechar su relación con los gremios, como un canal de diálogo y gestión de política de frente al nuevo gobierno.
