Después de 7 años de negociaciones, al fin entrará en vigencia el acuerdo sobre medidas del Estado Rector del Puerto. Con el objetivo de proteger el oceáno y sus recursos, finalmente se alcanzó el mínimo de países firmantes requeridos para entrar en vigencia el próximo 5 de junio. Son 29 los países que suscriben el acuerdo y la Unión Europea que ha firmado como parte individual. Los siguientes Estados y organizaciones de integración económica regional forman parte del Acuerdo: Australia, Barbados, Chile, Costa Rica, Cuba, Dominica, Unión Europea -Organización Miembro-, Gabón, Guinea Bissau, Guyana, Islandia, Mauricio, Mozambique, Myanmar, Nueva Zelanda, Noruega, Omán, Palau, República de Corea, Saint Kitts y Nevis, Seychelles, Somalia, Sudáfrica, Sri Lanka, Sudán, Tailandia, Tonga, Estados Unidos de América, Uruguay y Vanuatu.
El objetivo de este acuerdo es establecer controles en cada puerto de cada país suscriptor para dejar a las embarcaciones con capturas ilegales sin acceso a ellos. Lo primero es que cada nación firmante debe facilitar la lista de puertos en los que permite las descargas de embarcaciones internacionales. Un segundo aspecto establece que las embarcaciones deben enviar un documento con información completa sobre la captura y embarcación a las autoridades portuarias antes de ingresar. El tercer paso es cotejar los datos de los documentos entre sí y decidir si se permite el ingreso o no. En última instancia se puede solicitar una inspección antes de denegar el paso o no.
Lo más interesante de este acuerdo es que llevará a la creación de una base de datos a nivel mundial con la información de las embarcaciones. Aunque el sector ha sido resistente históricamente a compartir información esto podría resultar beneficioso para acabar con la competencia desleal y las capturas ilegales debido a que, si una embarcación ha tenido problemas para entregar la documentación, otros puertos conocerán el incidente y la misma tendrá difícil encontrar un puerto donde descargar.
Se afirma que de cada 5 capturas 1 es ilegal, lo que representa en el mercado unos 22.231 millones de dólares, según datos de la FAO una de las impulsoras del acuerdo.
Los firmantes se comprometieron a brindar asistencia técnica y financiera para la consecución del acuerdo.
